Encontrado en lainformacion.com:
Cuarenta “irreductibles” eurodiputados fueron los únicos que ayer se opusieron, contra viento y marea, a la aplastantemente mayoría que aprobó el Paquete de Telecomunicaciones en la UE. Esta reforma del sector permite, entre otros muchos aspectos, cortar el acceso a Internet a quien "piratee" archivos protegidos por derechos de autor.
Esta inmensa minoría de 40 eurodiputados no logró frenar a sus 510 compañeros que dieron el ‘sí’ definitivo a la reforma. Entre ellos, sólo uno está entre los 50 eurodiputados provenientes de España: el único parlamentario de IU en Bruselas, Willy Meyer. Todos los demás votaron a favor. Según afirmó Meyer en declaraciones a lainformacion.com, con su decisión del martes, el Parlamento ha sido “absolutamente blando frente a los gobiernos europeos y los intereses de las compañías privadas”.
De los 40 resistentes, 24 de ellos forman parte del grupo de Meyer, Izquierda Unitaria Europea. Entre el resto, cinco son ‘no inscritos’ y once están agrupados en torno al partido conservador euroescéptico Europa de la Libertad y la Democracia (EFD). En nombre de este último, el eurodiputado Trevor Colman advertía de que el paquete legislativo “amenaza con niveles inauditos de vigilancia estatal, intervención estatal y explotación comercial, y privará a los usuarios de Internet incluso de la protección de los tribunales”.
Un territorio enormemente peligroso
En este mismo sentido incidía Meyer: “Dejar a la Administración el poder de desconectar a los usuarios sin autorización judicial previa es un enorme paso atrás y nos lleva a un terreno terriblemente peligroso”. Según este miembro de la Ejecutiva de IU y del Partido Comunista de España (PCE), la de ayer fue “una oportunidad perdida para el Parlamento Europeo: deberíamos haber votado para consolidar los derechos básicos de los usuarios de la Red, y para consolidar los principios de un Internet libre, abierto y competitivo, y no al contrario como ha ocurrido”.
Para Meyer, el cambio de postura en el Parlamento Europeo se debe a que su actual composición, tras las elecciones europeas de junio, es “todavía más conservadora que la anterior”. Fue la anterior Eurocámara la que, en mayo, tumbó la propuesta de los gobiernos de la UE, al exigir que para desconectar a los usuarios de Internet tuviese que mediar la autorización de un juez.
El eurodiputado madrileño también denunció que la reforma aprobada por la Eurocámara no garantiza la neutralidad de la Red: “Se permite a las compañías proveedoras de Internet que establezcan filtros de contenido para sus usuarios y que den menos velocidad a unas páginas frente a otras”. Esto supone, en su opinión, “una discriminación de determinados usuarios y una vulneración de su derecho a la intimidad”, que “sólo beneficia a las grandes empresas de telecomunicación, que podrán filtrar la información de las páginas web según sus propios intereses”. “La filosofía de que el mercado nos debe organizar la vida llega a todos los rincones, también a la legislación sobre Internet o a cualquier otra decisión de la UE”, denuncia el eurodiputado, quien entró a militar al PCE en la clandestinidad hace 40 años, cuando cumplió los 18 años.
No todo son críticas
De una opinión radicalmente contraria es Pilar del Castillo, ex ministra y eurodiputada del PP, que fue una de las impulsoras del Paquete de Telecomunicaciones: “Tenemos finalmente un marco regulatorio que establece unas bases muy adecuadas para poner el desarrollo de Internet, de la sociedad digital y de la economía digital en el frontispicio de nuestros objetivos”. En su opinión, la reforma “protege bien a los consumidores, favorece sus derechos y, también, da seguridad a los inversores”.
Más sorprendió, sin embargo, el apoyo al paquete del representante del Partido Pirata (inscrito en el grupo de ‘Los Verdes’), el diputado sueco Christian Engström. El texto “no es perfecto ni es todo lo que habríamos deseado, pero consideramos que es un buen paso en la dirección correcta”, argumentó. En su opinión, la reforma “manda una señal fuerte a los Estados de que leyes como la francesa o la británica no son aceptables”. Sin embargo, matizaba a continuación, “corresponde ahora a los activistas de Francia y Reino Unido hacer que sus gobiernos lo asuman”.
26 de noviembre de 2009
19 de noviembre de 2009
Si el armador del Alakrana hubiese sido un montañero catalán
Encontrado en No mires a los ojos de la gente:
El ejército avisó al armador del buque Alakrana de que estaban saliendo de la zona de seguridad, que fuera de los límites de esa zona no les garantizaban protección, y que esa misma mañana se habían avistado piratas en la zona a la que el buque se dirigía. El armador, desoyendo las recomendaciones del ejército, decidió meter el buque a faenar en aguas no controladas, porque allí la captura es mayor, al no estar sujeta a restricciones en los caladeros, y por lo tanto (de no haber ocurrido el secuestro) los beneficios habrían sido mucho mayores.
El armador del Alakrana tiene suerte de ser vasco, porque si fuese catalán, la broma le habría salido por un pico: Joan Saura, Conseller de Interior, le haría pagar no solo el rescate impuesto por los piratas (que no sabemos quien ha pagado) sino también todo el coste de la operación, escoltas, ejército, buques y demás parafernalia.
Como a los montañeros que, por imprudencia o desconocimiento, se meten en zonas peligrosas. Porque digo yo que la gracia de esto es tratar a todos los imprudentes por igual, ¿no? Es igual, no sé ni para qué pregunto…
[nota final: me comenta faidit que en Euskadi también se pagan los rescates. Pues dos piedras. Qué menos que que pague el armador después de la que se ha montado, por anteponer sus beneficios empresariales a la seguridad de sus trabajadores. Aún digo más: los sindicatos e inspección laboral deberían intervenir, yo veo aquí un caso de manual de incumplimiento de la normativa de riesgos laborales.]
En España hay un total de 730 asuntos abiertos por corrupción
Encontrado en EcoDiario:
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, explicó hoy que en la actualidad hay un total de 730 asuntos, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación, abiertos contra partidos políticos por casos de corrupción, de los que 264 se refieren son procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE y 200 contra miembros del PP.
Además, dijo, hay 43 causas abiertas contra miembros de Coalición Canaria, 30 contra miembros de Convergencia i Unión, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independentista Liberal (GIL), 7 de Unión Mallorquina, 5 de Esquerra Republicana de Catalunya, 3 del Bloque Nacionalista Galego, otros 3 de PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de otras 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos de implantación local.
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Conde Pumpido reconoció que le produjo "cierta preocupación" la pregunta realizada por el PP acerca de las actuaciones iniciadas contra miembros del PP y del PSOE, por "lo lejos de la realidad del Ministerio Fiscal".
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, explicó hoy que en la actualidad hay un total de 730 asuntos, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación, abiertos contra partidos políticos por casos de corrupción, de los que 264 se refieren son procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE y 200 contra miembros del PP.
Además, dijo, hay 43 causas abiertas contra miembros de Coalición Canaria, 30 contra miembros de Convergencia i Unión, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independentista Liberal (GIL), 7 de Unión Mallorquina, 5 de Esquerra Republicana de Catalunya, 3 del Bloque Nacionalista Galego, otros 3 de PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de otras 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos de implantación local.
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Conde Pumpido reconoció que le produjo "cierta preocupación" la pregunta realizada por el PP acerca de las actuaciones iniciadas contra miembros del PP y del PSOE, por "lo lejos de la realidad del Ministerio Fiscal".
9 de noviembre de 2009
Saqueando el dinero público en tiempos de crisis
Encontrado en Público:
01. Impuestos. Hacienda somos todos
El punto de partida es siempre el mismo: la Hacienda pública. Los ingresos de un solo año dan cuenta de la magnitud de las cifras. El Estado prevé recaudar en 2009 un total de 160.753 millones de euros a través de la recaudación de impuestos. A partir de esa gran bolsa común de tributos aportados por todos, el dinero comienza su viaje hacia la red corrupta hasta desembocar en el bolsillo de los sobornados al tiempo que engorda las arcas de la trama.
Desde esta estación inicial, el dinero público sigue dos trayectos. El primero es la subvención que recibe directamente el PP de la cantidad que los Presupuestos Generales del Estado consignan para el funcionamiento del partido conservador fondos que también reciben el resto de formaciones. La segunda ruta es el trasvase que Hacienda realiza a las administraciones territoriales: la previsión es de 60.119 millones de euros este año. Con esta cantidad se alimentan las finanzas públicas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos que, a su vez, tienen capacidad para recaudar impuestos.
02. Las cuentas del PP. El dinero público alimenta al partido
"Los partidos políticos se nutren, además de la financiación privada, de tres tipos de financiación pública: electoral, que puede ser directa o indirecta esto es, en función de los votos y escaños obtenidos o con espacios en medios de comunicación públicos; parlamentaria y ordinaria", explica María Holgado, titular de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y autora del último texto de referencia publicado sobre la materia: La financiación de los partidos políticos en España (Ed. Tirant Lo Blanch, 2003).
"Los partidos políticos viven en un 90% de fondos públicos, porque la ley establece que las aportaciones privadas sólo pueden llegar al 10%", completa Holgado. Esta financiación tan mayoritariamente pública tiene una doble justificación: "Garantiza la necesaria subsistencia de los partidos y asegura independencia frente a grupos económicos que podrían exigir contraprestaciones a cambio de beneficiar económicamente a una formación".
Esas aportaciones públicas nunca se expresan en pequeñas cantidades. Las cuentas públicas asignan en 2009 más de 34 millones de euros al PP. Además, el Estado aporta otros 1,7 millones al partido para sus gastos de seguridad. Pero la cifra crece si se tienen en cuenta también las partidas que financian los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y el Senado que suman más de 3,7 millones de euros, los parlamentos regionales más tocados por el caso Gürtel, Madrid y Comunidad Valenciana otros 3,7 millones, y los ayuntamientos madrileños donde se ubica el epicentro de la red corrupta: Boadilla, Pozuelo, Majadahonda y Arganda, con asignaciones que rondan los 40.000 euros cada uno.
En total, estas ayudas suman casi ocho millones de euros que, añadidas a la subvención ordinaria aportada por los Presupuestos, eleva la cifra a casi 44 millones sólo en un año y únicamente en los territorios contaminados por la trama. Teniendo en cuenta que la red liderada por Francisco Correa, alias Don Vito, comenzó a operar hace al menos 13 años en 1996, la cantidad de dinero público en manos del partido que lucró a la trama se multiplica hasta alcanzar una dimensión inabarcable.
03. Negocios con el PP. Don Vito, el maestro de ceremonias del PP
El entramado empresarial ligado al caso Gürtel organizó los actos públicos del PP nacional entre 1996 y el año 2004, bajo la presidencia de José María Aznar. Sólo entre los años 2000 y 2007, diferentes firmas del grupo admitieron haber facturado casi 18 millones de euros al PP. La red ha seguido trabajando para los conservadores ya con Rajoy al frente del partido hasta este mismo año.
El mismo dinero de raíz pública que pagó estas facturas de Correa se ramifica por toda la estructura territorial del PP y sostiene su organización en todas las comunidades, incluidas Madrid, Valencia y Galicia, donde hay fundadas sospechas de financiación irregular, según los datos que figuran en el sumario del caso.
El número dos de Correa, Pablo Crespo, admite estas irregularidades en Galicia, donde fue secretario de Organización del PP, y lo revela así en conversaciones grabadas por la Policía. Los investigadores sostienen que la trama también financió ilegalmente al PP valenciano y, en Madrid, el partido de Esperanza Aguirre pagó a la red corrupta de Correa con dinero recaudado a destacados empresarios, encabezados por el líder de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, a través de la fundación Fundescam, según desveló Público en mayo.
04. Modus operandi. Contratos públicos con un fin muy privado
Dinero de naturaleza pública sostiene también a las comunidades y ayuntamientos del PP que favorecieron a la trama con centenares de contratos hasta hacer rebosar su caja. La trama se lucraba con tres actividades fundamentales: organización de eventos, adjudicación de servicios públicos y mediación para conseguir de contratos a cambio de sobornos. Sus fondos le permitían, además, diversificar inversiones y jugar a la especulación urbanística en territorios controlados por políticos conservadores con la voluntad comprada.
Es en este punto cuando estos fondos nacidos de los impuestos dejan de ser abstractos y se convierten en apuntes contables para la trama desde las administraciones regionales y locales que trabajaron con la red Gürtel. La mancha de Correa contamina especialmente a Madrid y a la Comunidad Valenciana. Todas las consejerías del Gobierno que preside Esperanza Aguirre adjudicaron contratos públicos, casi siempre a dedo, a las empresas de la red corrupta desarticulada por la Audiencia Nacional.
Los contratos adjudicados en esta comunidad son en total 342, por un importe que supera los tres millones de euros. En la Comunidad Valenciana, son al menos 45 las concesiones públicas, con una cuantía de ocho millones. La red extendió sus prácticas también a Castilla y León. Según consta en el sumario levantado parcialmente el pasado 6 de octubre, varios políticos se repartieron 73.655 euros de la comisión que la trama exigió a una constructora a cambio de adjudicar una obra pública en León, gracias a su relación de privilegio con el PP.
05. Los ayuntamientos. El gran negocio de los pequeños municipios
Al menos cuatro ayuntamientos de Madrid gobernados por el PP cebaron las arcas de la trama Gürtel con adjudicaciones basadas en sobornos. Son Boadilla, Pozuelo y Majadahonda, en el adinerado noroeste de Madrid, y Arganda, al sur de la comunidad. Los cuatro municipios han vivido con especial voracidad la expansión urbanística acelerada que precedió a la crisis. Al calor de esos negocios inmobiliarios creció también la red corrupta.
La cuantía total de sus operaciones en este capítulo es aún una incógnita, pero las primeras cifras son multimillonarias. En Arganda, por ejemplo, el Grupo Municipal Socialista las cifra en más de 50 millones de euros. Los pelotazos inmobiliarios son también multimillonarios en la adjudicación de suelo público. En Boadilla, por este concepto, la red embolsó al menos otros 50 millones y en Pozuelo la cifra supera los 20.
En estos casos, los responsables municipales no consideraban la mejor oferta para su localidad, sino la que más favorecía a la trama. Los presupuestos municipales dinero público eran así malbaratados para favorecer intereses privados. En no pocos casos, el presupuesto final abonado por el ayuntamiento duplicó el proyectado inicialmente. El beneficiado era, claro, el entramado de Correa y el político local que apadrinaba su red a cambio de sobornos en metálico o en especie. Dinero y coches de lujo eran la dádiva estrella que conquistó la voluntad de algunos cargos públicos del PP que aparecen imputados en la trama.
06. Dinero evaporado. Hacienda éramos todos, menos Correa
Gracias al favor de estas administraciones regionales y municipales gobernadas por el PP, los principales cabecillas de la trama Gürtel amasaron una fortuna ingente transformando fondos de naturaleza pública en beneficio estrictamente privado a través de un magma empresarial compuesto por una treintena de sociedades. Buena parte de ese dinero se encuentra por ahora evaporado en una decena de paraísos fiscales, donde la Justicia sigue la pista de, al menos, 40 millones de euros.
El patrimonio estimado de Correa se eleva a 50 millones. El de su número dos asciende a 12 millones. Ambos acumulan un enorme patrimonio inmobiliario a nombre de sus sociedades. Hacienda, sin embargo, no existió para Correa: "No ha presentado declaración del IRPF desde 1999", señala un informe de la Agencia Tributaria. La cantidad defraudada sólo entre 2003 y 2007 supera los 5,1 millones de euros.
El dinero público acabó en manos de una trama jalonada de todo tipo de fetiches ostentosos: mansiones, yates y un parque móvil tan abultado como reñido con la discreción: 49 vehículos de alta gama valorados en 1,3 millones de euros.
07. Los sobornos. Una relación de favor a cambio de 6,4 millones
Es el final de viaje. El dinero de todos creció en el bolsillo de unos pocos. Al menos 19 cargos del PP cobraron 6,4 millones de euros de la red dirigida por Don Vito, según los informes remitidos al juez Garzón por la Policía y las anotaciones contables de la trama. Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y senador por Cantabria, fue el más beneficiado, con más de 1,3 millones de euros. El origen de esta cantidad es tan público como pública es la responsabilidad de la que se valieron los sobornados para transformar este dinero en beneficio únicamente privado.
01. Impuestos. Hacienda somos todos
El punto de partida es siempre el mismo: la Hacienda pública. Los ingresos de un solo año dan cuenta de la magnitud de las cifras. El Estado prevé recaudar en 2009 un total de 160.753 millones de euros a través de la recaudación de impuestos. A partir de esa gran bolsa común de tributos aportados por todos, el dinero comienza su viaje hacia la red corrupta hasta desembocar en el bolsillo de los sobornados al tiempo que engorda las arcas de la trama.
Desde esta estación inicial, el dinero público sigue dos trayectos. El primero es la subvención que recibe directamente el PP de la cantidad que los Presupuestos Generales del Estado consignan para el funcionamiento del partido conservador fondos que también reciben el resto de formaciones. La segunda ruta es el trasvase que Hacienda realiza a las administraciones territoriales: la previsión es de 60.119 millones de euros este año. Con esta cantidad se alimentan las finanzas públicas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos que, a su vez, tienen capacidad para recaudar impuestos.
02. Las cuentas del PP. El dinero público alimenta al partido
"Los partidos políticos se nutren, además de la financiación privada, de tres tipos de financiación pública: electoral, que puede ser directa o indirecta esto es, en función de los votos y escaños obtenidos o con espacios en medios de comunicación públicos; parlamentaria y ordinaria", explica María Holgado, titular de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y autora del último texto de referencia publicado sobre la materia: La financiación de los partidos políticos en España (Ed. Tirant Lo Blanch, 2003).
"Los partidos políticos viven en un 90% de fondos públicos, porque la ley establece que las aportaciones privadas sólo pueden llegar al 10%", completa Holgado. Esta financiación tan mayoritariamente pública tiene una doble justificación: "Garantiza la necesaria subsistencia de los partidos y asegura independencia frente a grupos económicos que podrían exigir contraprestaciones a cambio de beneficiar económicamente a una formación".
Esas aportaciones públicas nunca se expresan en pequeñas cantidades. Las cuentas públicas asignan en 2009 más de 34 millones de euros al PP. Además, el Estado aporta otros 1,7 millones al partido para sus gastos de seguridad. Pero la cifra crece si se tienen en cuenta también las partidas que financian los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y el Senado que suman más de 3,7 millones de euros, los parlamentos regionales más tocados por el caso Gürtel, Madrid y Comunidad Valenciana otros 3,7 millones, y los ayuntamientos madrileños donde se ubica el epicentro de la red corrupta: Boadilla, Pozuelo, Majadahonda y Arganda, con asignaciones que rondan los 40.000 euros cada uno.
En total, estas ayudas suman casi ocho millones de euros que, añadidas a la subvención ordinaria aportada por los Presupuestos, eleva la cifra a casi 44 millones sólo en un año y únicamente en los territorios contaminados por la trama. Teniendo en cuenta que la red liderada por Francisco Correa, alias Don Vito, comenzó a operar hace al menos 13 años en 1996, la cantidad de dinero público en manos del partido que lucró a la trama se multiplica hasta alcanzar una dimensión inabarcable.
03. Negocios con el PP. Don Vito, el maestro de ceremonias del PP
El entramado empresarial ligado al caso Gürtel organizó los actos públicos del PP nacional entre 1996 y el año 2004, bajo la presidencia de José María Aznar. Sólo entre los años 2000 y 2007, diferentes firmas del grupo admitieron haber facturado casi 18 millones de euros al PP. La red ha seguido trabajando para los conservadores ya con Rajoy al frente del partido hasta este mismo año.
El mismo dinero de raíz pública que pagó estas facturas de Correa se ramifica por toda la estructura territorial del PP y sostiene su organización en todas las comunidades, incluidas Madrid, Valencia y Galicia, donde hay fundadas sospechas de financiación irregular, según los datos que figuran en el sumario del caso.
El número dos de Correa, Pablo Crespo, admite estas irregularidades en Galicia, donde fue secretario de Organización del PP, y lo revela así en conversaciones grabadas por la Policía. Los investigadores sostienen que la trama también financió ilegalmente al PP valenciano y, en Madrid, el partido de Esperanza Aguirre pagó a la red corrupta de Correa con dinero recaudado a destacados empresarios, encabezados por el líder de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, a través de la fundación Fundescam, según desveló Público en mayo.
04. Modus operandi. Contratos públicos con un fin muy privado
Dinero de naturaleza pública sostiene también a las comunidades y ayuntamientos del PP que favorecieron a la trama con centenares de contratos hasta hacer rebosar su caja. La trama se lucraba con tres actividades fundamentales: organización de eventos, adjudicación de servicios públicos y mediación para conseguir de contratos a cambio de sobornos. Sus fondos le permitían, además, diversificar inversiones y jugar a la especulación urbanística en territorios controlados por políticos conservadores con la voluntad comprada.
Es en este punto cuando estos fondos nacidos de los impuestos dejan de ser abstractos y se convierten en apuntes contables para la trama desde las administraciones regionales y locales que trabajaron con la red Gürtel. La mancha de Correa contamina especialmente a Madrid y a la Comunidad Valenciana. Todas las consejerías del Gobierno que preside Esperanza Aguirre adjudicaron contratos públicos, casi siempre a dedo, a las empresas de la red corrupta desarticulada por la Audiencia Nacional.
Los contratos adjudicados en esta comunidad son en total 342, por un importe que supera los tres millones de euros. En la Comunidad Valenciana, son al menos 45 las concesiones públicas, con una cuantía de ocho millones. La red extendió sus prácticas también a Castilla y León. Según consta en el sumario levantado parcialmente el pasado 6 de octubre, varios políticos se repartieron 73.655 euros de la comisión que la trama exigió a una constructora a cambio de adjudicar una obra pública en León, gracias a su relación de privilegio con el PP.
05. Los ayuntamientos. El gran negocio de los pequeños municipios
Al menos cuatro ayuntamientos de Madrid gobernados por el PP cebaron las arcas de la trama Gürtel con adjudicaciones basadas en sobornos. Son Boadilla, Pozuelo y Majadahonda, en el adinerado noroeste de Madrid, y Arganda, al sur de la comunidad. Los cuatro municipios han vivido con especial voracidad la expansión urbanística acelerada que precedió a la crisis. Al calor de esos negocios inmobiliarios creció también la red corrupta.
La cuantía total de sus operaciones en este capítulo es aún una incógnita, pero las primeras cifras son multimillonarias. En Arganda, por ejemplo, el Grupo Municipal Socialista las cifra en más de 50 millones de euros. Los pelotazos inmobiliarios son también multimillonarios en la adjudicación de suelo público. En Boadilla, por este concepto, la red embolsó al menos otros 50 millones y en Pozuelo la cifra supera los 20.
En estos casos, los responsables municipales no consideraban la mejor oferta para su localidad, sino la que más favorecía a la trama. Los presupuestos municipales dinero público eran así malbaratados para favorecer intereses privados. En no pocos casos, el presupuesto final abonado por el ayuntamiento duplicó el proyectado inicialmente. El beneficiado era, claro, el entramado de Correa y el político local que apadrinaba su red a cambio de sobornos en metálico o en especie. Dinero y coches de lujo eran la dádiva estrella que conquistó la voluntad de algunos cargos públicos del PP que aparecen imputados en la trama.
06. Dinero evaporado. Hacienda éramos todos, menos Correa
Gracias al favor de estas administraciones regionales y municipales gobernadas por el PP, los principales cabecillas de la trama Gürtel amasaron una fortuna ingente transformando fondos de naturaleza pública en beneficio estrictamente privado a través de un magma empresarial compuesto por una treintena de sociedades. Buena parte de ese dinero se encuentra por ahora evaporado en una decena de paraísos fiscales, donde la Justicia sigue la pista de, al menos, 40 millones de euros.
El patrimonio estimado de Correa se eleva a 50 millones. El de su número dos asciende a 12 millones. Ambos acumulan un enorme patrimonio inmobiliario a nombre de sus sociedades. Hacienda, sin embargo, no existió para Correa: "No ha presentado declaración del IRPF desde 1999", señala un informe de la Agencia Tributaria. La cantidad defraudada sólo entre 2003 y 2007 supera los 5,1 millones de euros.
El dinero público acabó en manos de una trama jalonada de todo tipo de fetiches ostentosos: mansiones, yates y un parque móvil tan abultado como reñido con la discreción: 49 vehículos de alta gama valorados en 1,3 millones de euros.
07. Los sobornos. Una relación de favor a cambio de 6,4 millones
Es el final de viaje. El dinero de todos creció en el bolsillo de unos pocos. Al menos 19 cargos del PP cobraron 6,4 millones de euros de la red dirigida por Don Vito, según los informes remitidos al juez Garzón por la Policía y las anotaciones contables de la trama. Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y senador por Cantabria, fue el más beneficiado, con más de 1,3 millones de euros. El origen de esta cantidad es tan público como pública es la responsabilidad de la que se valieron los sobornados para transformar este dinero en beneficio únicamente privado.
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