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Un informe de Amnistía Internacional (AI) denuncia que menores internados en centros de protección en España son víctimas de maltratos y abusos, algunos de ellos sexuales. Asegura que son atados, amordazados, medicados sin diligencia y apartados en celdas de aislamiento.
Así lo recoge un informe de AI que se ha hecho a partir de entrevistas a ingresados, familiares y educadores de centros terapéuticos de Catalunya, Andalucía y Madrid.
En el caso de Catalunya, se han recogido denuncias de este tipo en los centros de Font Fregona de Torrelles de Foix (Alt Penedès), La Merced de Tarragona y el Hogar de la Pau de Manresa.
El informe, titulado Si vuelvo, ¡me mato!, denuncia que muchos de los menores que ingresan en los centros bajo la protección y el cuidado de las administraciones, son sometidos a castigos (atados, amordazados), ingresados en celdas de aislamiento y reciben medicación forzada, sin que se investiguen estas situaciones.
Indefensión
"Los menores que ingresan en esos centros están totalmente indefensos, porque nadie sabe cuántos son y cuántos centros existen y las administraciones y las entidades privadas que los gestionan dificultan que se lleve a cabo esas investigaciones independientes", ha dicho el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
También lo ha explicado Sara Caras, una de las menores que estuvo ingresada en el centro malagueño Dulce Nombre de María, donde ingresó a los 15 años procedente de un centro de protección, en el que había vivido desde que a su madre le retiraran su custodia.
Actitud común
"Me daban continuamente tranquilizantes, ingresé en celdas de castigo, me ataban a la cama, me ponían esparadrapo en la boca para que no gritara, me pegaban puñetazos y a veces me despertaba sentada en un silla, a la que había estado atada durante doce horas", ha dicho Sara, quien ha explicado que nunca iba al colegio.
Según la joven, esta actitud la mantenían todos los educadores del centro y ha lamentado "no haber conocido nunca a nadie que se sentara a escucharnos o a darnos consejos".
Su abogado, José Antonio Bosh, ha destacado la paradoja de que la mayoría de estas niñas son trasladadas a estos centros "porque las madres o las familias no pueden atenderles" y cuando cumplen los 18 años "devuelven a los niños, sin estudios y sin redes sociales, totalmente indefensos".
Denuncias del Defensor del Pueblo
Amnistía ha recordado que el Defensor del Pueblo, en su último informe, y varios defensores autonómicos han denunciado estas situaciones, "pero las administraciones no lo han tenido en cuenta y no han hecho prácticamente nada".
Por ello, ha anunciado que habrá movilizaciones, sobre todo en las tres comunidades analizadas, "para exigir que estos menores tengan la protección que se merecen".
De los 58 centros conocidos, tres son de gestión pública y el resto privada, ha señalado la organización.
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