Lo que se oculta a los ciudadanos

Sacado de El País:

Junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo, España forma parte del reducido grupo de países europeos que carecen de una normativa que abra la puerta a los documentos oficiales. En la UE, 22 de los 27 Estados miembros tienen reconocido el derecho que obliga a las administraciones públicas, fundaciones y organismos financiados con fondos públicos a facilitar información a cualquier ciudadano (incluso si es periodista).

En España prima la cultura del secretismo, el cerrojazo a los datos oficiales y el apagón informativo. "Existe la arraigada tradición en los poderes públicos de que la información es suya. Y no es suya, es de los ciudadanos. Como el dinero que manejan, que es también de los ciudadanos", comenta Diego López Garrido, ex portavoz parlamentario socialista y uno de los políticos que con más énfasis defiende la necesidad de promulgar una ley que regule el libre acceso a la información. Convencido de que será "revolucionaria", resume su esencia: "Las autoridades públicas tienen que tener a disposición de los ciudadanos, y especialmente de los medios de comunicación, toda la información que esté en su poder".

El PSOE ya lo llevaba en el programa electoral del 2004. Pero no movió un papel en su favor. El plan del Gobierno es ahora sacar adelante en esta legislatura un proyecto de ley en este sentido. Los socialistas aspiran a trasladar a la legislación española una ley similar a la que impulsó Tony Blair. Creen que es un elemento de modernización y profundización democrática. En vigor desde 2005, la norma británica reconoce el "derecho a saber" y su punto de partida es el derecho de cualquier persona a acceder a información (sea personal o no) que esté en poder del sector público. De esta manera, todos los datos pueden ser divulgados a menos que se le aplique una exención. Y si la documentación es denegada, se puede reclamar al Tribunal de Información.