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El director de la Coalición de Industrias y Creadores de Contenidos, Andrés Dionis, ha afirmado que el informe sobre piratería digital de EE UU otorga a España un “voto de confianza” con sus alabanzas a la , pese a que mantiene al país en la “lista de vigilancia”
El informe anual Special 301, que elabora el Departamento de Comercio de EE UU y evalúa la situación de la piratería digital fuera del país, valora los esfuerzos que ha realizado España en contra de la piratería. El listado coloca entre los países a la cabeza de la piratería a Argentina, Chile y Venezuela, además de otros como Rusia y China y cambia, tras la aprobación de la llamada ley Sinde, el texto explicativo que acompaña a la inclusión de España en el listado.
En el informe, el gobierno de EE UU elogia la promulgación reciente en España de una legislación -la ley Sinde contra la piratería- que “proporciona un mecanismo para que quienes detentan derechos de propiedad intelectual eliminen o bloqueen el acceso al contenido en Internet que infringe sus derechos”.
Pese a ello, el gobierno de EE UU mantiene a España en su “lista prioritaria de vigilancia”, junto a países como Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México y Perú.
Según ha explicado Dionis en una entrevista, es fundamental, “para hacer honor a ese voto de confianza”, que el reglamento de la ley Sinde “deje claro que no se persiguen solo los contenidos, sino también las conductas infractoras y que tenga a los enlaces como objetivo, ya que son la puerta de entrada de la cadena de destrucción de valor que supone al piratería”.
Los mayores infractores de los derechos de propiedad intelectual son, este año, Argelia, Argentina, Canadá, Chile, China, India, Israel, Indonesia, Pakistán, Rusia, Tailandia y Vietnam.
Piden más esfuerzos
“España ha demostrado un compromiso serio para encarar la piratería en internet”, ha señalado el Departamento de Comercio añadiendo que “vigilará la aplicación de la ley”. Asimismo EE UU ha instado a España a que continúe esforzándose para luchar contra la piratería en Internet y permitir que los dueños de los derechos puedan “obtener información que identifique y permita el procesamiento de los infractores”.
Según Dionis, el hecho de que los jueces de lo civil españoles no puedan solicitar los datos personales de quienes descargan contenidos ilegalmente “otorga un estatus de anonimato especial a la gente por el mero hecho de estar utilizando Internet. Nadie vería con buenos ojos que alguien entrara encapuchado en un lugar público como es un banco”.
Por otra parte el Departamento de Comercio estadounidense ha expresado su preocupación por una circular española de 2006 que “parece despenalizar la transferencia ilegal entre usuarios de materiales que infringen” los derechos de propiedad intelectual.
Dentro del sistema judicial de España “es común la demora en la adjudicación de casos y los jueces al parecer no imponen las penas criminales por los crímenes de infracción de derechos de propiedad intelectual”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ha comentado que “una lista que no tiene en cuenta que en España estamos pagando un canon digital de 200 millones de euros anuales no tiene validez y resulta sectario y partidista”. “Yo pensaba que con el canon digital los autores ya estaban compensados”, ha afirmado Domingo, que califica la ley Sinde de “inconstitucional” y el Special 301 de listado “absolutamente inaceptable, rechazable y tendencioso”.
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